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La Catástrofe Invernal Demanda Profunda Reforma Ambiental

Todo el mundo lo sabía. El Presidente lo sabía, los ministros lo sabían, las Corporaciones Autónomas Regionales lo sabían, el IDEAM lo sabía, los gobernadores y alcaldes lo sabían, los empresarios, los campesinos y la comunidad en general lo sabían, pero nadie pudo hacer nada para evitarlo o mitigarlo. Un invierno como este de la primera mitad del año 2011 jamás se había presentado en el país. Ni siquiera en el segundo semestre del año pasado, cuando un fenómeno de La Niña sin precedentes empezó a azotar a Colombia y otros países de la región.

Sí, todos lo sabíamos, pero tal vez abrigábamos la esperanza de que no sería tan crudo y confiábamos en que, con la experiencia ganada el año pasado y en las varias décadas desde que el cambio climático disparó el gatillo de los desastres invernales, las autoridades a cargo de su mitigación y control podrían identificar las zonas más críticas y enderezar a tiempo las acciones de manejo de cuencas hidrográficas y protección de la comunidad, para de cierta manera atenuar oportunamente lo que inermes nos hemos visto forzados a aceptar.

Echarle la culpa al cambio climático es fácil, pues en gran parte la tiene. Pero también es fácil observar que en las últimas dos décadas se ha hecho énfasis en las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, en especial a raiz de la firma y ratificación, por la mayoría de países, de la Convención Marco sobre Cambio Climático y de la realización en 1992 de la Cumbre de Río de Janeiro sobre el Desarrollo Sostenible. Siguieron el Protocolo de Kioto, la Cumbre de Johanesburgo y otras múltiples reuniones de negociación, que en nada parecen haber atenuado el fenómeno, que es cada vez más crítico y maligno.

Otra cosa que ha quedado clara es que cuando se presenta un fuerte fenómeno del Niño, el culatazo de La Niña en los meses siguientes es aún mayor. Quienes creían que el calentamiento solamente acentuaría el fenómeno del Niño, pero que debilitaría el de La Niña, se equivocaron. Los efectos de los dos fenómenos se están multiplicando a causa del cambio climático.

Esta temporada invernal atroz invita naturalmente a la reflexión. ¿Podrá el Gobierno del Presidente Santos mantener o aumentar los índices de crecimiento e inversión social y al mismo tiempo atender la reconstrucción de la infraestructura y la asistencia a los damnificados? Creemos que no. Lo urgente en este momento es lo segundo, ojalá sin recortar demasiado lo primero.

Otro aspecto que merece reflexión es la reforma institucional en el área ambiental, que se hace absolutamente necesaria. Es claro que las Corporaciones Autónomas Regionales no fueron dotadas del presupuesto y demás mecanismos requeridos para prevenir, atenuar y controlar la crisis. Esto se hará más evidente con el paso del tiempo, si no se procede con una reforma profunda de estos entes, que actúan como ruedas sueltas, no son parte de una jerarquía que debe tener a la cabeza al Presidente de la República, al ministerio del ramo y al Departamento Nacional de Planeación. Además, no tienen objetivos claros, no se ajustan a las necesidades del país y carecen de un sano sentido de las prioridades.

Cuán importante sería que la reforma en curso para separación de ministerios, cuya fusión desde hace varios años no produjo buenos resultados, contemplara también, en el caso de los ministerios de ambiente y vivienda, la reforma profunda del régimen de las Corporaciones Autónomas Regionales, para que se les dote de los mecanismos necesarios para afrontar de manera enérgica y técnicamente sustentada los grandes problemas ambientales del siglo XXI, especialmente el cambio climático, sus colaterales fenómenos del Niño y La Niña, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación masiva del agua, aire y suelo, el deterioro de las cuencas hidrográficas y la alteración significativa de ecosistemas críticos para la supervivencia de la humanidad, como los páramos, las selvas tropicales, los estuarios, manglares y bancos coralinos.

Pero parece que es demasiado tarde para que la separación de afán de los ministerios citados produzca también la verdadera reforma ambiental que necesita el país. De ser así, debería al menos introducirse en el Congreso de la República un proyecto de ley, y de requerirse, una reforma constitucional que determinen las modificaciones profundas que deben hacerse al sistema ambiental, no sólo en lo institucional, sino también en materia de objetivos, identificación de prioridades, recursos humanos, técnicos y financieros y una clara jerarquización que permita, si los niveles ejecutores no cumplen, que se responsabilice al ministro del ramo y en últimas al mismísimo Presidente de la República, como ocurre en otras partes del mundo.

No se necesitan pañitos de agua tibia, lo que se requiere es un fuerte sacudón. Una Nueva Ley del Siglo XXI que sustituya a la envejecida Ley 99 de 1993, expedida cuando aún no se comprendían del todo los grandes problemas ambientales que tendría que afrontar Colombia en el nuevo siglo que se aproximaba. De esta manera podríamos evitar ser tomados por sorpresa cuando se presenten, aunque parezca un contrasentido, fenómenos ambientales anunciados, como el descomunal invierno de este semestre, y lograríamos que por fin se ponga orden al manejo ambiental del país

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